lunes, 11 de diciembre de 2017

Tercera Conferencia y Asamblea de la Red Interamericana de Catastro y Registro

Este evento tuvo lugar en la ciudad de Montevideo, Uruguay, entre el 14 y 17 de noviembre pasado, y estuvo organizado por la Dirección Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros del país homónimo, en conjunto con el Departamento de Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, tiene como objetivo fundamental el de promover el fortalecimiento de las instituciones Catastrales y Registrales de América Latina y el Caribe, con el fin de mejorar la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico.

En el Acto Protocolar de apertura estuvieron presentes Sylvia Amado, Directora de la Dirección Nacional de Catastro de Uruguay; Adolfo Orellano, de la  Dirección General de Registros de Uruguay; James Lambert, Secretario de la Secretaría de Asuntos Hemisféricos de la OEA; Carlos González, Presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, Panamá; Morgan Doyle, Representante Residente para Uruguay del BID; y Matilde Bordón, Representante Residente para Uruguay del Banco Mundial. 


Acto Protocolar

La agenda de trabajo estuvo dividida en una jornada y media dedicada a una conferencia abierta y un día destinado a la asamblea de las autoridades de la Red. En la conferencia se abordaron los siguientes ejes temáticos:
  •  Avances de los Catastros y Registros en la era del gobierno digital.
  • El registro de la propiedad como motor de inclusión y desarrollo.
  • Información Catastral y Registral: plataforma común para el ordenamiento rural y urbano.
  • Experiencias extra-región en los diferentes sistemas de administración del territorio, con presentaciones de España y Corea.
  • Inserción e impacto de Catastro y Registros en la Infraestructura de Datos Espaciales.
      
Algunas de las presentaciones realizadas durante la Conferencia.

El conjunto de presentaciones y exposiciones constituyen excelente material para evaluar la evolución y los desafíos que tienen por delante los Catastros y los Registros desde diversos ángulos, ya sea en su rol de registros claves para las políticas de gobierno digital o electrónico; como puentes de inclusión social de las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables; o en su rol de proveedores de datos indispensables para la elaboración de planes de ordenamiento territorial y ambiental. Y no se puede pasar por alto que para desarrollar todas estas líneas de trabajo es central promover cambios organizacionales profundos que afectan las formas de trabajo, como se comparte la información y se desarrolla el conocimiento.

En la asamblea se presentó un informe anual de la Secretaría Técnica de la Red, se definió un Plan de Trabajo para el 2018, se eligieron autoridades, la próxima sede del evento y se votaron asuntos generales. 

Cabe observar que desde el punto de vista de un observador externo, se echan de menos más contribuciones en todo lo relacionado con los diferentes modelos institucionales catastrales - registrales (separados, coordinados o integrados), junto a sus avances, problemáticas y beneficios, que permitan examinar con sentido crítico los obstáculos y posibles soluciones a que deben hacer frente los gobiernos y sociedades, en el objetivo de dar certeza o garantías a los ciudadanos en los países de la región sobre los derechos de propiedad inmueble. 

Informaciones adicionales, presentaciones y videos pueden ser consultados en: http://www.3reunioncatastroyregistro2017.org.uy/esp/inicio/

miércoles, 22 de noviembre de 2017

Acuerdo Fiscal y su relación con los Catastros

El pasado 16 de noviembre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con la excepción de la provincia de San Luis, suscribieron un acuerdo de reforma al sistema tributario. Muy resumidamente, se trata de una estrategia para coordinar y armonizar el federalismo fiscal en Argentina, que busca eliminar gradualmente los impuestos distorsivos (como el impuesto a los ingresos brutos y de sellos), regular y controlar los gastos en relación a los ingresos tributarios a través de la adhesión al proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal, haciéndolo extensivo desde cada jurisdicción a los Gobiernos Municipales, e incrementar los ingresos de lo producido en concepto de impuesto inmobiliario, entre otros aspectos.

Uno de los ejes de esta reforma, pasa por mejorar las fuentes de ingresos de las provincias (y de los gobiernos locales en cuanto corresponda), dado que los gobiernos subnacionales son responsables de servicios públicos fundamentales como la salud, educación, seguridad y justicia, y corresponsables con el gobierno nacional por el desarrollo de infraestructuras. Por ello, del gasto público total en Argentina el 50% es responsabilidad de los gobiernos provinciales, aunque apenas recaudan un 20% de los impuestos (Castro Lucio, et. al., 2014).

Respecto a los ingresos propios, nos interesa focalizar en el impuesto inmobiliario, por tener una vinculación directa con las funciones de los catastros. En una entrada anterior hicimos referencia a la baja participación que tiene este tributo sobre el conjunto de impuestos que recaudan las provincias. Tomando el período 2004 a 2015, dicho promedio ha ido en descenso de un 12% a un 6 %.

A pesar que este impuesto tiene como principal ventaja la de ofrecer una fuente de ingresos estable y previsible, los datos que se vienen recolectando desde la Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, están indicando una “desatención” del inmobiliario, aunque esta misma situación es la que genera oportunidades muy amplias para su mejora.

En el Acuerdo, como compromisos asumidos por el Estado Nacional, señala en cuanto a la determinación del valor fiscal de los bienes inmuebles: “Disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones con el objeto de lograr que las valuaciones fiscales de los inmuebles tiendan a reflejar la realidad del mercado inmobiliario y la dinámica territorial”.


Reunión del Presidente con los Gobernadores por el Acuerdo Fiscal. Fuente: Infobae (2017)


Más adelante, y ya como compromisos asumidos por las provincias y la CABA, indica respecto al impuesto inmobiliario: “Adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal. Para ello, las provincias y la CABA asegurarán a ese organismo federal acceso a los registros catastrales y demás registros locales. En los casos en que el tributo fuera de competencia municipal, los gobiernos provinciales impulsarán acuerdos para que los municipios apliquen igual criterio para la determinación de la base imponible.”

Resulta claro entonces que lo que se pretende es que las valuaciones fiscales confluyan a los valores de mercado y, si bien no es manifestado explícitamente, se entiende que los valores para los edificios también deberán alinearse al índice del costo de la construcción. Complementariamente, y aunque desde el punto de vista técnico se trate de un precepto muy razonable, no deja de ser novedoso el hecho que todas las jurisdicciones deberán aplicar criterios uniformes para determinar la base de cálculo del impuesto, esto es la valuación fiscal o catastral.

Otro hecho singular es que para dichas tareas, los catastros jurisdiccionales contarán con el apoyo de un organismo federal en el que participen las provincias y la CABA. Dicho organismo será la Agencia Federal de Cooperación para el desarrollo del Sistema de Información Territorial (a crear), que dependerá de la Secretaría de las Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda (MIOPyV).

La referida Agencia será un organismo colegiado integrado por el Consejo Federal del Catastro (CFC), Subsecretaría de Planificación Territorial del MIOPyV, Instituto Geográfico Nacional (IGN), Administración de Parques Nacionales (APN), Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Dirección Nacional del Registro de Tierras Rurales (DNTR) e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).  

En el artículo 4° del proyecto de creación de la Agencia, se establecen sus funciones que serían:
  1. Contribuir con acciones tendientes a que el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales, en todos los niveles de gobierno, cuenten con un parcelario continuo del territorio nacional mediante la interoperabilidad de los Sistemas de Información Territorial jurisdiccionales.
  2.  Actuar como nexo para obtener herramientas de financiamiento del desarrollo de los Catastros jurisdiccionales y demás Sistemas de Información Territorial, entre éstos y los organismos nacionales e internacionales de crédito.
  3. Propiciar el fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA) e inducir a que sus estándares sean adoptados por todas las jurisdicciones que producen información con base territorial.
  4. Mantener acciones coordinadas con el Instituto Geográfico Nacional a efectos del cumplimiento de la misión y funciones de la Agencia.
  5. Contribuir a optimizar el cálculo de las valuaciones fiscales tanto en tierra libre de mejoras como de edificaciones en las áreas rurales y urbanas de cada jurisdicción, a fin de favorecer la equidad horizontal en la aplicación de los tributos con base territorial, impulsando la actualización de las metodologías y variables de cálculo en los casos en que la autoridad provincial considere necesario.
  6. Forjar y mantener relaciones con organismos internacionales vinculados a la planificación del territorio.
  7. Propiciar la adecuación de las legislaciones provinciales a la Ley Nacional de Catastro N° 26.209 como marco básico y necesario para los objetivos de este organismo y respetando las autonomías locales.
  8. Proponer acuerdos y convenios con entidades públicas y privadas para la optimización de los Sistemas de Información Territorial jurisdiccionales.
  9. Coordinar la acción de los Sistemas de Información Territorial en cuanto al cumplimiento de las finalidades previstas para la Gestión de Riesgo en la Ley Nacional N° 27.287.
  10. Colaborar con las jurisdicciones catastrales provinciales en la implementación y mantenimiento de los servicios Web que alimentarán un mapa federal parcelario continuo digital nacional. 
  11. Colaborar con otros órganos de gobierno nacional o provincial de manera que el mapa federal contenga además distintas capas de datos que tomen como base de estudio al territorio tanto en su aspecto físico como económico y humano.
Como se puede observar en los puntos 1, 2, 3, 5, 7 y 10, el vínculo interinstitucional más relevante es con los catastros provinciales, a través del CFC, organización que formará parte con 6 representantes del Directorio de la Agencia. El punto 1 de las funciones, nos remite a un tema que ya tratáramos en otro post, que no deja de estar enlazado con el tema que es motivo de esta entrada, aunque con un enfoque más relacionado a las áreas de Planeamiento y de planificación de políticas públicas vinculadas al territorio. 


Fuente: http://abierto.geobasig.com.ar/. Ministerio de Infraestructura, Dirección de Geodesia, Prov. de Buenos Aires.
El punto 5 es el que está relacionado estrechamente con el Acuerdo o Consenso Fiscal, en el que se menciona favorecer la equidad horizontal, que tiene que ver con que todos aquellos sujetos alcanzados por el impuesto, cuyos inmuebles se encuentren dentro de un mismo rango de valor fiscal, abonen relativamente el mismo nivel de impuesto. La equidad horizontal entonces viene a ser una disposición de no discriminación o axioma ético, cuyo origen se encuentra en la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley. Además se hace referencia a promover la actualización de metodologías y variables de cálculo del valor fiscal que, en muchas situaciones, deberían simplificarse, aunque sin perder de vista que su contenido resuma las principales variables explicativas de los valores fiscales.  

Asimismo se estima que será clave el apoyo que aportará la Agencia para logar que las legislaciones provinciales se vayan adecuando a los lineamientos de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209. Cabe señalar al respecto que, a más de diez años de su sanción, solo unas pocas provincias han hecho avances sobre este tema.

Para finalizar, cabe decir que el Acuerdo se asienta en la coordinación e integración de esfuerzos de los tres niveles de gobierno, lo cual trae aparejado la necesidad de modernizar y fortalecer las instituciones, legislaciones, métodos,  procedimientos y servicios Web conexos para el ejercicio de sus funciones.

Con esta política se pretende aumentar la equidad y neutralidad del sistema de tributación, además de propiciar un incremento en los ingresos propios de las provincias y los municipios, aunque disminuyendo la presión tributaria total, entre otros objetivos. El incremento de la recaudación subnacional pasa por mejorar los tributos al patrimonio con relación a los que gravan las actividades ligadas a la producción y, en ese sentido, los catastros tienen un papel fundamental que cumplir.


Fuentes consultadas:

Castro, Lucio; Díaz Frers, Luciana; Alfieri, Ana & Bovino, Ana (2014). Desafíos y potencial del Impuesto Inmobiliario en la Argentina. CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), https://www.cippec.org/publicacion/desafios-y-potencial-del-impuesto-inmobiliario-en-la-argentina/

Consejo Federal del Catastro (2017), Proyecto de Decreto de creación de la Agencia Federal de Cooperación para el Desarrollo del Sistema de Información Territorial, http://cfcatastro.com.ar/documentos/Agencia%20Cooperaci%C3%B3n%20-%20final07092017-41.pdf

Infobae (2017). Los 11 puntos del acuerdo fiscal del Gobierno nacional con los gobernadores, https://www.infobae.com/economia/2017/11/16/los-11-puntos-del-acuerdo-fiscal-del-gobierno-nacional-con-los-gobernadores/

República Argentina, Presidencia de la Nación (2017). Consenso Fiscal, https://drive.google.com/file/d/1beG35-aXpOf5rPFfIRhJQyA6eWLDlSRY/view