Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial del BID

El pasado 22 de febrero los Ministros de Interior y Finanzas firmaron con las autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el contrato del préstamo por un monto de US$120 millones con una contrapartida local de US$21,2 millones.

Con esta operación se pretende fortalecer la gestión y contribuir al crecimiento económico y del empleo privado en las Provincias Argentinas, apuntando concretamente a promover la mejora de la inversión pública y privada provincial, reformas en el diseño del federalismo fiscal y el fortalecimiento de sus órganos rectores.

En cuanto a las reformas del sistema fiscal, se busca reducir la dependencia de las transferencias de la nación, lo cual genera desincentivos en las provincias para aplicar esfuerzos a la recaudación de recursos propios, aunque el hecho de disponer de fuentes de tributación autónomas torne más previsible el financiamiento de gastos e inversiones públicas sub-nacionales.

Interesa especialmente destacar por la temática de este blog, que en el documento del perfil del proyecto (BID, 2016a) señala que “un caso de particular importancia para mejorar la eficiencia en la composición de los ingresos provinciales, es aumentar la proporción de ingresos por concepto del impuesto inmobiliario, que se ha reducido a la mitad como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en la última década, producto en parte de sistemas de catastro obsoletos, de la falta de cruzamiento de datos con registros de la propiedad inmueble y con el padrón de contribuyentes de rentas, falta de coordinación con los gobiernos municipales que en algunos casos son responsables por el cobro de este impuesto, y de la falta de incentivos en las provincias para actualizar las valuaciones de los mismos”.

El objetivo específico de incrementar los ingresos provinciales aprovechando el amplio margen de mejora que ofrece la tributación inmobiliaria, se buscará a través del Componente 1, Sub-componente 1 del programa dedicada al fortalecimiento de la administración tributaria y sistemas de catastro (u$s 20 millones) que incluye, entre otros temas, a los sistemas de recaudación del impuesto inmobiliario actualizado, la actualización de la base de datos catastral y su valoración, la modernización de los sistemas de gestión catastral, y sistema integrado e identificatorio del catastro y otras bases tributarias y su coordinación con los municipios.

Serán beneficiarias directas las provincias de Corrientes, Mendoza, Neuquén y Salta, y beneficiarias indirectas todas las provincias, ya que como se indicó, el programa apoyará reformas en el diseño del federalismo fiscal y el fortalecimiento de sus órganos rectores. Según a lo señalado en el documento de la propuesta del préstamo (BID, 2016b), la elección de dichas provincias se debe a que “la recaudación del impuesto inmobiliario se encuentra debajo del promedio nacional (0,4% del PIB en 2014) siendo el 0,2 %, 0,3%, 0,2% y 0,1% respectivamente.  Dentro de los principales factores que inciden en el desempeño del impuesto inmobiliario en estas provincias destacan: (i) inconsistencia en los datos catastrales por administración en sistemas inconexos; (ii) registros incompletos o inexistentes de viviendas no formales provenientes de planes estatales, de cooperativas y otros desarrollados sobre tierras fiscales; (iii) deficiente vinculación Catastro-Rentas-Registro y otros organismos que gestionan información territorial; y (iv) plataformas tecnológicas obsoletas.”

Si bien podemos acordar en las causas del problema de la baja proporción de ingresos por concepto del impuesto inmobiliario, es de estricta justica decir que todo ello sucede porque los gobiernos han descuidado a los organismos catastrales y a uno de sus productos característicos como lo son las valuaciones con fines tributarios.

Esto se debe a la negativa repercusión social de este impuesto, generada en parte por su alta visibilidad, y en parte porque las actualizaciones de las valuaciones catastrales o fiscales que son la base de cálculo han sido muy esporádicas. Por ejemplo, los ciclos de ajuste típicos van desde los 10 a los 25 años (y más en algunos casos). Esta situación a su vez, produce la complicación adicional que es que cuando la base imponible se encuentra muy alejada de la realidad (generalmente el valor de mercado para la tierra y el valor de reposición para las construcciones) se dificulta la aplicación de una sola vez del efecto total de la actualización de los valores inmobiliarios. 

Al respecto, un caso paradigmático es el de la  Provincia de Buenos Aires, que directamente no aplicó el revalúo inmobiliario realizado el año pasado, que en algunos casos podría traducirse en una suba del 1000 % de las valuaciones (Ver Diario La Nación, 2016). A esto hay que sumar otros efectos no deseados del revalúo, que impactan en el impuesto a los Bienes Personales y tasas Municipales que están atados a la misma base de cálculo que el Inmobiliario. A partir de esta experiencia y de otros casos similares que han ocurrido,  puede entenderse que si bien es absolutamente necesario mejorar el desempeño del impuesto inmobiliario, que es un tributo progresivo por naturaleza, hay que mirar toda la estructura tributaria generando una reforma integral de la misma.

No es menos importante agregar que resulta muy cómodo para la clase política de las provincias, verse beneficiada de gastar dinero público sin preocuparse por recaudarlo (transferencias de la nación), evitando además el no menos importante asunto de pagar el costo político que significa cobrar impuestos. Lo que hay que ver entonces que está en la misma base del cambio (incrementar la participación del inmobiliario en los ingresos provinciales y municipales), es que trata de una significativa afectación a la cultura política.

El organismo ejecutor del programa será el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda por medio de la Secretaría de las Provincias, la cual contará para la ejecución de una Unidad Coordinadora dependiente del Secretario de Provincias.

Fuentes consultadas:

Banco Interamericano de Desarrollo (2016a). Perfil del Proyecto – Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial (AR-L1248), http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40395914, accedido el 23 de marzo de 2017.

Banco Interamericano de Desarrollo (2016b). Propuesta de préstamo – Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial (AR-L1248), http://www.iadb.org/Document.cfm?id=40719091, accedido el 23 de marzo de 2017.

Diario La Nación (2016), Vidal no aplicará el revalúo, pero subirá los impuestos provinciales, http://www.lanacion.com.ar/1944460-vidal-no-aplicara-el-revaluo-pero-subira-los-impuestos-provinciales 

Télam (2017), Frigerio y Caputo firmaron un acuerdo con el BID por un préstamo de u$s 120 millones, http://www.telam.com.ar/notas/201702/180556-frigerio-y-caputo-firmaron-acuerdo-con-el-bid-por-un-prestamo-de-us-120-millones.html, accedido el 23 de marzo de 2017.

Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Administración del Territorio

Este grupo fue creado durante el quinto encuentro de Expertos sobre Gestión de la Información Geoespacial de Naciones Unidas (UN-GGIM), que tuvo lugar en Nueva York en agosto de 2015, y responde a la necesidad de incorporar a la agenda global el tema de la Administración del Territorio, considerando su importancia como infraestructura indispensable de las naciones para alcanzar su desarrollo.

El territorio es luego de las personas, el recurso más importante que poseen los países. Considerando los desafíos que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, el acceso a la vivienda, la seguridad alimentaria, la paz y la seguridad y, en última instancia, el desarrollo sostenible, el acceso a la tierra y la seguridad jurídica de su tenencia, tiene consecuencias significativas para los ciudadanos de todo el mundo. Es por ello que la Administración del Territorio resulta indispensable para gestionar los derechos de propiedad en el amplio sentido del término y, de manera directa o complementaria, el uso del suelo, otorgándole un apoyo que es básico a los sistemas económicos, y tocando asimismo varios aspectos de la vida cotidiana de las personas, la generación de ingresos y la reducción de la pobreza.

Garantizar derechos de propiedad sirve tanto para mejorar los medios de subsistencia como para promover un desarrollo sostenible y generar las condiciones para promover inversiones responsables que erradiquen la pobreza y la inseguridad alimentaria. Asimismo, la seguridad en los derechos asignados sobre el territorio, tiene otros efectos positivos en la economía de los países y de las personas, creando mercados inmobiliarios y desbloqueando la tierra como activo para la obtención de crédito.

El territorio junto a los derechos formales e informales que ejercen los ciudadanos sobre el mismo, representan generalmente entre la mitad y las tres cuartas partes de la riqueza nacional. Desde esta perspectiva, clarificando los derechos de propiedad y ocupación, resolviendo los conflictos por la tierra y su distribución, diseñando una legislación apropiada, regulaciones e instituciones, se crean las condiciones para el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. En la medida que el cambio climático, la volatilidad del precio de los alimentos, y otros factores continúen ejerciendo presión sobre un recurso natural escaso como lo es la tierra, los países se verán obligados a acelerar los esfuerzos para establecer y/o modernizar sus sistemas catastrales y registrales, con toda la información organizada de manera que pueda actualizarse con facilidad y dar apoyo al desarrollo de tareas de planificación y la toma de decisiones.  (United Nations, Economic and Social Council, 2015).

Los objetivos principales del Grupo de Expertos (GE) son: desempeñar un rol de liderazgo a nivel político para incrementar la concientización de la clase política y destacar la importancia que tiene para los tomadores de decisiones la necesidad de contar con sistemas de administración del territorio adecuados al propósito; y fomentar el uso de herramientas y sistemas de información geoespacial para mejorar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos del mundo con respecto al registro de la relación entre las personas y el territorio.

En cuando a las funciones del GE son las siguientes:

• Proporcionar un foro para la coordinación y el diálogo entre expertos mundiales y comunidades geoespaciales con miras a avanzar en actividades relacionadas con la administración y fortalecimiento del uso de la información geoespacial para una buena gobernanza del territorio;

• Proponer planes de trabajo basados en consulta y consenso, para abordar las principales esferas de actuación identificadas por los Estados miembros, velando al mismo tiempo para que no se superpongan ni se dupliquen con otras iniciativas;

• Abordar la gobernanza, la gestión de los datos, la adopción institucional y tecnológica, y las cuestiones de sostenibilidad vinculadas con la aplicación y la gestión de sistemas administrativos eficaces de administración del territorio y mercados de inmuebles transparentes y funcionales;

• Realizar trabajos que puedan contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y otros organismos, incluyendo el acceso a una tenencia segura de la tierra, la rápida urbanización, el cambio climático y la degradación de suelos, en coordinación con otras entidades expertas.

Para alcanzar los objetivos señalados, el programa de trabajo del GE se enfoca en:

• Aumentar la sensibilización política y concientizar a los responsables de la formulación de políticas sobre las cuestiones pertinentes de gobernanza del territorio;

• Emprender actividades que fomenten la colaboración en las comunidades de planificación, gobernanza y geoespacial de las Naciones Unidas y en los planos nacional e internacional, incluida la identificación y el tratamiento de cuestiones comunes de ordenamiento y gobernanza del territorio en apoyo al desarrollo sostenible;

• Asumir un papel de liderazgo en las cuestiones de administración del territorio centrándose en la educación, la capacitación, la concientización, y el desarrollo de capacidades institucionales para la aplicación de metodologías apropiadas;

• Demostrar el enfoque “adecuado al propósito” definiendo metodologías aplicables a diferentes escenarios;

• Documentar, compartir y promover experiencias y estudio de casos que muestren la aplicación de la información geoespacial en la administración del territorio;

• Examinar las herramientas y modelos existentes de gestión del territorio y fomentar su uso y acceso para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en su aplicación;

• Explorar el uso del crowdsourcing y la cartografía participativa que sean de ayuda en el desarrollo de levantamientos catastrales; y

• Hacer hincapié en el uso y la importancia de los mapas catastrales y el marco de referencia geodésico como elementos claves en la administración del territorio y la infraestructura nacional de datos espaciales que respalde otros sectores como: el de salud, planificación, gestión de infraestructuras, seguridad, gestión de desastres, etc.

 

De este último punto, puede inferirse una visión muy generalizada del flujo de datos que culmina en incorporar los conjuntos de datos que gestionan los catastros dentro de un marco más amplio como lo es el de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs).

No es ninguna novedad decir que tanto los catastros como las IDE están siendo cada vez más reconocidos como recursos indispensables para un buen gobierno, aunque para alcanzar un nivel de funcionamiento apropiado o, al menos, “decente” para los objetivos de la política y la sociedad, resulta preciso prestar mucha atención a las cuestiones institucionales y las prácticas de gestión en las administraciones públicas. Por otro lado, perseguir un nivel de funcionamiento alineado con los referidos objetivos, demanda la imperiosa necesidad de re-evaluar y re-examinar las políticas, legislación, metodologías, sistemas y herramientas.

Es por ello que el Grupo de Expertos sobre Administración del Territorio no solo se relaciona con las tecnologías y la gestión de los datos geoespaciales sin además y, sobre todo, con la gobernanza, la construcción de capacidades y el fortalecimiento institucional. Lo que este Comité procura en definitiva  es utilizar su rol intergubernamental del más alto nivel, para influir, asesorar y generar conciencia para que los países dispongan información oficial y autorizada sobre la relación entre personas y territorio a través de derechos, y fomentar la aplicación y adopción de tecnologías, estándares y mejores prácticas, todo lo cual debe contextualizarse dentro de la política territorial de cada país y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Información adicional:  

La agenda de trabajo de la UN-GGIM es apoyada por varios grupos de trabajo y dos Grupos de Expertos. Estos Grupos se enfocan en el progreso de los temas de trabajo y del seguimiento de las decisiones adoptadas en el período de sesiones anual.

Grupos de Expertos:

• Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial.
• Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Administración del Territorio.

Grupos de Trabajo:

• Grupo de Trabajo sobre Marco de Referencia Geodésico Global.
• Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo de una Declaración de Principios Compartidos para la Gestión de la Información Geoespacial.
• Grupo de Trabajo sobre Tendencias en los Planes Institucionales Nacionales en la Gestión Información Geoespacial.
• Grupo de Trabajo sobre Información Geoespacial y Servicios para Desastres.

Fuentes consultadas:

United Nations Commitee of Experts on Global Geospatial Information Management,  Expert Group on Land Administration and Management (UN-EG-LAM) (2017), http://ggim.un.org/UN_EG_LAM.html

United Nations, Economic and Social Council (2015). Application of geospatial information related to land administration and management, http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM5/E-C20-2015-9%20Land%20Admin%20and%20Management%20Report.pdf